El presidente del bloque del oficialismo en Diputados respondió a una nota publicada en Página Política.
Desde el primer día, esta administración definió una línea clara: terminar con el oscurantismo en la administración pública, ordenar el Estado y rendir cuentas de cara a la ciudadanía. Ese compromiso se tradujo en decisiones, no en consignas vacías. Sabemos que revertir años de falta de transparencia no se logra de un día para el otro, pero hemos iniciado un proceso profundo y sostenido.
Impulsamos y aprobamos una Ley de Acceso a la Información Pública (Ley 11.191), una herramienta que por años fue ignorada por los gobiernos anteriores. Esta ley establece plazos, criterios y obligaciones concretas para que los organismos provinciales no solo respondan a pedidos de información, sino que publiquen de manera activa sus datos, presupuestos, actos administrativos y contratos.
Creamos la Oficina Provincial de Acceso a la Información, que ya está en funcionamiento, y se están designando responsables de acceso en cada ministerio y organismo descentralizado, con capacitación técnica y obligación normativa.
También adherimos al régimen nacional de Transparencia Fiscal al Consumidor y promovimos reformas en áreas sensibles como el Consejo de la Magistratura y los procedimientos de control en gobiernos locales.
Cuando surgieron denuncias por posibles hechos de corrupción, no miramos para otro lado: activamos auditorías internas, iniciamos sumarios administrativos, separamos del cargo a quienes correspondía y pusimos toda la información a disposición de Fiscalía de Estado. La transparencia no es solo mostrar lo que funciona: también es actuar con firmeza cuando algo está mal, incluso si involucra a funcionarios de nuestra propia gestión.
Quiero subrayar otro dato que revela cómo entendemos la transparencia en serio, no como una pose discursiva: cuando asumimos el gobierno nos encontramos con más de 200 decretos del gobierno anterior sin publicar. Decretos firmados, con efectos reales, pero que nunca salieron a la luz pública. Nosotros, a diferencia de lo que ocurría antes, publicamos todo: en tiempo y forma, sin esconder nada.
A esto se suma la eliminación de privilegios que naturalizaban prácticas alejadas de la ética pública: se eliminaron los gastos reservados, se puso fin a las pensiones vitalicias para gobernadores y vicegobernadores, y se redujo la planta política a la mitad. Se eliminaron las adscripciones discrecionales que ocultaban personal fuera del control administrativo y se limitó la posibilidad de que un funcionario acumule más de un sueldo del Estado.
Modernizamos el Estado con la implementación de la gestión documental electrónica, eliminamos el uso de papel en múltiples procesos administrativos y pusimos en funcionamiento el Portal de Transparencia de la Obra Pública, un avance inédito en la provincia, que permite a cualquier ciudadano seguir las obras paso a paso. Además, abrimos los datos de las compras públicas para garantizar mayor competencia y control social.
Adherimos a los principios de “Ficha Limpia” para impedir que personas con condenas firmes accedan a cargos públicos y avanzamos en la publicación proactiva y accesible de las declaraciones juradas patrimoniales de los funcionarios.
Entiendo que este camino pueda incomodar a quienes se beneficiaron durante años de un Estado opaco y discrecional. Pero nuestra tarea no es agradar a los que siempre estuvieron cómodos, sino devolverle a la política su verdadero sentido: servir a la gente con reglas claras y cuentas abiertas.
La transparencia no se declama: se legisla, se cumple y se defiende. Eso es lo que estamos haciendo, y lo vamos a seguir haciendo.
Dirigente radical. Presidente del bloque de Juntos por el Cambio en la Cámara de Diputados
