Este mediodía, el juez en lo Civil en primera instancia, Gabriel Belén se reunió con un grupo de vecinos del Barrio Pampa Soler en su despacho ubicado en el edificio de Tribunales de calle Mitre. Carlos Daniel López, uno de los vecinos, explicó que el titular del Juzgado les ofreció tres días más de plazo para llegar a un acuerdo. El lunes habrá otra reunión con las partes, incluyendo a la municipalidad, a los propietarios del terreno y a la Policía de Entre Ríos. Lopez indicó que los habitantes del barrio quieren pagar una cuota. «Siempre nos ofrecimos para ayudar y no vivir de arriba», indicó a los periodistas. Más temprano, esta mañana, Carlos Conti, abogado de los vecinos del barrio Pampa Soler, expresó que la situación de los habitantes de esa zona es «delicada» en términos jurídicos. En ese sentido, recordó que hay un mandamiento de desalojo en manos del abogado de la parte actora. Mientras tanto, Conti está intentando impedir eso teniendo en cuenta que hay una ley nacional que suspende ese tipo de acciones y tendría que aplicarse. A pesar de ello, el juez de primera instancia en lo civil, Gabriel Belén, sostiene de igual modo que se debe desalojar y así lo ordenó. «Ayer presentamos un recurso de queja, pero realmente la situación es muy compleja», indicó Conti. «El abogado tiene un mandamiento de desalojo y tranquilamente lo puede hacer efectivo». No obstante, remarcó que desde el momento en que se emite la orden a que se cumpla hay una gran distancia y pueden pasar muchas cosas en el medio.
Conti sostuvo que el municipio se acercó en dos oportunidades. Y allí han manifestado, de acuerdo a las intenciones del intendente Francisco Azcué, que están tratando de conciliar entre las partes. Pero, hasta ahora, no arribaron a ninguna salida. «No me han comentado nada que haya algún tipo de acuerdo de palabra de que se puede llegar a suspender», dijo.
Aunque el mandamiento de desalojo se iba a concretar el próximo lunes, Conti sostuvo que en la práctica sacar a la calle a 200 familias implica la movilización de una gran magnitud de fuerzas dado que es probable que se encuentren con resistencia de parte de los vecinos. «No es algo fácil de concretar».
Semanas atrás, se informó que el juez Belén, del Juzgado de Primera Instancia Civil y Comercial Nº 2, había fijado la fecha para el desalojo de unas 200 familias en el Barrio Popular Pampa Soler, incluido dentro del Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP). Dicha orden, contraria a la Ley Nacional 27.453 de Integración Socio Urbana (ley que prohíbe los desalojos en barrios populares), motivó la presentación de apelaciones por parte de los abogados de los vecinos, así como la solicitud de intervención de diversos organismos que se presentaron espontáneamente para manifestar la arbitrariedad del lanzamiento ordenado. Estos destacaron que se trata de una medida de desalojo que va en contra de una ley de orden público.
Conti manifestó su deseo de que se puedan poner de acuerdo el abogado de los propietarios de los terrenos con la municipalidad para que se suspenda el desalojo. En ese sentido, enumeró varias herramientas disponibles para que se compense a los dueños de los terrenos. Una de ellas, es la expropiación inversa en la que los propietarios de los terrenos solicitan al Estado que lo indemnice. Otra está contemplada por la misma ley y sostuvo que puede ser empleada, ya que la característica de la barriada es la de ser un barrio popular, ya que las 200 familias no vinieron de un día para el otro, sino que se fueron asentando con el correr de los años.
Además, sostuvo que tanto el Ministerio Público Fiscal y la Defensa se manifestaron en contra del desalojo aunque ambos pronunciamientos no son vinculantes para el juez. De igual modo, remarcó que ambos son actores importantes en todo proceso judicial y hoy le están diciendo al juez que detenga todo, ya que hay una ley nacional que impide el desalojo de barrios populares,
Por otra parte, el letrado recordó que, durante el proceso, el juez había suspendido el desalojo, pero la parte actora apeló el fallo y la Cámara Civil le ordenó dictar una nueva resolución por una cuestión procesal defectuosa. De allí, Conti infirió que Belén dedujo que tenía que ordenar algo diferente a lo que había ordenado. «Hay cuestiones bastante raras, algo que se descompaginó procesalmente», sostuvo.
El abogado recordó que la ley fue sancionada en el Congreso en 2017, cuando gobernaba el expresidente Mauricio Macri. «No gobernaba Fidel Castro en esa época», dijo irónicamente. Conti dijo, al ser consultado, que no sabría determinar si la decisión del juez constituye una acción de prevaricato (dictar una resolución injusta contraria a la ley) y reitero que cree que se trata de un error de interpretación más que una mala praxis. «Estamos a tiempo de que sea subsanado», dijo.
«La angustia es terrible», sostuvo Conti por último en referencia a las familias. «Muchas herramientas no tengo para contener a los vecinos. Yo informo la realidad de lo que pasa como abogado», según dijo Conti a «Tarea Fina» (Diario Junio)
