El desalojo de 721 familias del barrio Pampa Soler en Concordia estaba prevista para el 6 de noviembre, pero un «error» administrativo retrasó el proceso, dejando la solicitud desactualizada. Ahora, el juez de primera instancia en lo Civil y Comercial del Juzgado N° 2, Dr. Gabriel Belén, le pidió al abogado de la actora, Dr. Oscar Bacigalupe, que confirme si sigue interesado en avanzar con el desalojo y precisar una nueva fecha para ejecutarlo. El barrio Pampa Soler está registrado en el RENABAP (Registro Nacional de Barrios Populares) y por lo tanto protegido por la Ley 27.453 que establece que todos los inmuebles donde se asientan los barrios populares registrados son declarados de utilidad pública y sujetos a expropiación. Asimismo, dicha ley suspendió los desalojos por un plazo de 10 años, a partir del 29 de octubre de 2022. Esta normativa fue aprobada por unanimidad en 2018 y ratificada en 2022. La justicia local desconoce el derecho, lo que podría constituir el delito de Prevaricato, dado que se avanza en una decisión a sabiendas de que es contrarias a la ley.
En agosto de 2023, el juez de primera instancia en lo Civil y Comercial del Juzgado N° 2, Dr. Gabriel Belén, dictó una orden de desalojo para el barrio popular Pampa Soler. Esta decisión se basó en un fallo de la Cámara de Apelaciones, que dio lugar al planteo del abogado Enrique Oscar Bacigalupe y ordenó al juez retractarse de la suspensión del desalojo que él mismo había dispuesto en la causa. A finales de octubre de 2024, el abogado Bacigalupe solicitó al juez que notificara e instara a la policía de Entre Ríos a colaborar en el desalojo de las familias, el cual estaba previsto para el 6 de noviembre. Sin embargo, el 12 de noviembre, una nota de la Secretaría del Juzgado informó al abogado que, «por un error», no se enviaron los documentos del caso al despacho del juez en la fecha correspondiente (22 de octubre de 2024), lo que provocó un retraso en el avance del expediente. Ante esta situación, el juez revisó el caso y concluyó que no podía resolver sobre la solicitud inicial debido al tiempo transcurrido, ya que esta había quedado desactualizada o irrelevante. Por ello, resolvió pedir al abogado Bacigalupe que ratificara si aún estaba interesado en lo solicitado —el desalojo de 721 familias del barrio Pampa Soler— y, de ser así, que informara la fecha prevista para llevar a cabo la medida.
La justicia entrerriana está ignorando la Ley 27.453, que regula la situación de más de 5.600 barrios populares en Argentina y promueve su integración socio-urbana. Esta integración implica acciones para mejorar el equipamiento social, la infraestructura, el acceso a servicios, la conectividad, la seguridad en la tenencia, y la regularización dominial, entre otros aspectos.
La Ley 27.453 establece que todos los inmuebles donde se asientan los barrios populares registrados en el RENABAP (Registro Nacional de Barrios Populares) son declarados de utilidad pública y sujetos a expropiación. Asimismo, suspende los desalojos por un plazo de 10 años, a partir del 29 de octubre de 2022. Esta normativa fue aprobada por unanimidad en 2018 y ratificada en 2022.
El barrio Pampa Soler está registrado en el RENABAP, por lo que las más de 700 familias (aproximadamente 2.500 personas) que habitan allí están protegidas por esta ley.
El juez Belén tiene antecedentes en la ejecución de desalojos polémicos. En febrero de 2022, resolvió el desalojo violento de 14 familias en el barrio Lavardén, delegando al abogado Mariano Giampaolo la facultad para llevar adelante los «diligenciamientos».
En julio de 2023 se informó que funcionarios del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación identificaron como principal obstáculo en Concordia la actuación de jueces del fuero civil que dictaron sentencias contrarias a esta ley nacional. En el mejor de los casos, lo hicieron por desconocimiento del derecho; en el peor, quedan abiertas las puertas a diversas conjeturas…
El RENABAP tiene registrados 56 barrios populares en Concordia, de un total de 5.687 en todo el país. Desde hace años, el personal de la Secretaría de Integración Socio Urbana de la Nación trabaja en los barrios informando a los vecinos sobre los alcances de la ley y otorgando certificados de vivienda para facilitar el acceso a servicios básicos. Estas tareas contaron con el apoyo del programa «Acceso a la Justicia» del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que fue desmantelado por el actual gobierno libertario.
La ejecución de este desalojo podría tener consecuencias sociales devastadoras para Concordia. Por un lado, implicaría dejar a más de 700 familias en situación de extrema vulnerabilidad, en un contexto socioeconómico ya crítico. Muchas de estas familias no tienen otra alternativa habitacional y su desalojo podría derivar en la creación de otros asentamientos informales, con condiciones de vida aún más precarias. Además, un desalojo de esta magnitud podría generar graves tensiones y conflictos entre las familias afectadas y las fuerzas de seguridad encargadas de ejecutarlo.
El desconocimiento a una ley nacional, además de poder constituir el delito de «prevaricato» (delito que cometen los funcionarios públicos, especialmente jueces o fiscales, cuando dictan resoluciones o toman decisiones a sabiendas de que son contrarias a la ley. Tipificado en el artículo 269 del Código Penal), mella todavía más la credibilidad del sistema judicial y genera inseguridad jurídica, especialmente en el ámbito de los derechos sociales, profundizando la desigualdad social.
