Así lo afirmó el gerente del Instituto de la Obra Social de Entre Ríos (Iosper), Arnoldo Schmid, al explicar por qué considera que debería haber cambios en la Nueva Ley de Honorarios que afecta considerablemente los fondos de la Obra Social provincial, a raíz de la cantidad de amparos que «los mismos abogados de siempre interponen», ya que les resulta altamente redituable. «Estamos hablando de un incremento del 1.784,5% en lo honorarios, y no creo que la legislatura entrerriana disponga un valor de tal magnitud para el incremento de los empleados públicos», remarcó.
«Los números hablan por sí solos», resumió el gerente de Iosper, y detalló que en julio del 2023 la obra social había proyectado y presupuestado para la partida de honorarios judiciales del 2024, $402 millones. Luego del dictado de la ley en Mayo y con las primeras regulaciones del nuevo valor – que pasó de $2,750 a $ 51.823,67 – hubo que hacer una ampliación presupuestaria en agosto de $1.400 millones. «O sea, un 348% mas, sólo para cubrir honorarios de abogados, que por cada litigio se lleva mas de $1 millón, que podrían ser destinados al servicio de los afiliados», consideró.
En ese contexto, sostuvo Schmidt, «hay abogados que hacen una industria del juicio y los amparos, y son siempre los mismos». «Lamentablemente, cuando uno empieza a preguntar quién es el abogado interviniente, siempre surgen los mismos nombres, tanto Concordia, como en Paraná y en todas las localidades. Son siempre los mismos», insistió. Entonces, «está claro que hay profesionales que la tienen una animosidad en cuanto a las medidas judiciales contra Iopser, y mas hoy que el negocio es sumamente apetecible», advirtió.
Tras ello, aseguró que el accionar de esos letrados le recuerda a una película argentina muy famosa «Carancho», aunque aclaró que por supuesto no son todos iguales. «Pero sí hay un grupo de profesionales que si uno saca la cuenta en el transcurso del año, tienen una industria del juicio y del amparo, con una maquinaria que hoy puso su pedal de aceleración a fondo, porque es más redituable».
Por citar algún ejemplo, trajo a colación el caso de una afiliada de Concordia cuyo abogado interpuso un amparo para que se le haga una practica de videocolonoscopía en un Instituto médico de Buenos Aires, cuando por su complejidad tranquilamente podría haberse realizado en Concordia. «Hasta podríamos decir que es un capricho del afiliado el concurrir a un abogado para exigir que sea en Buenos Aires, y lo peor es que hay un sector de la justicia que lo avala»
«En Entre Ríos hay centros, nosocomios y profesionales altamente capacitados para hacerlo». Y de hecho, si esa intervención hubiera sido en la provincia el costo era de $400 mil, pero el centro medico de Buenos Aires, más el traslado y estadía, lo elevó a $1,8 millones y se sumó el gasto de honorarios de abogados que hicieron el amparo, otros $1,4 millones. O sea, una práctica que tenía un costo de menos de medio millón terminó saliendo más de $3 millones».
Realmente, «atrás de la salud y de la necesidad de muchos afiliados hay negocios para otros, y eso es lo que hoy ocurre. La obra social, junto con las entidades que nuclean a los profesionales estamos siempre abocados a combatirlo». O sea, «nosotros no cuestionamos el espíritu de la ley, lo que sí consideramos es que se comenzó con un valor muy alto, estamos hablando de un incremento del 1.784,5%, y yo no creo que la legislatura entrerriana disponga un valor de tal magnitud para el incremento de los empleados públicos», reparó.
Y confluyó: «Simplemente apelamos a la responsabilidad de algún grupo de legisladores de cualquier partido político, que dimensionen el real daño que le van a causar no solo a Iosper, sino a todos los entrerrianos. Pedimos que se presente algún proyecto de ley que se mantenga la movilidad, pero que se baje el nivel», concluyó.
