El exgobernador de Entre Ríos, Sergio Urribarri, se manifestó en sus redes sociales tras la decisión del juez Julián Vergara de rechazar su pedido de sobreseimiento y la nulidad de pruebas en la audiencia judicial llevada a cabo este jueves, que acusa al exmandatario, al empresario Diego Cardona Herreros y a otros seis exfuncionarios por presuntos delitos de corrupción. “Una vez más, como en el 2019, como en el 2023… son de manual”, subrayó el mandatario, y anticipó que apelará el fallo.
Sergio Urribarri realizó un descargo público luego de que el juez de Garantías Julián Vergara rechazara el pedido de sobreseimiento presentado por su defensa, así como la nulidad de la evidencia digital incorporada a una causa judicial en su contra. La acusación sostiene que el exembajador en Israel favoreció a la firma «Relevamientos Catastrales S.A». con el objetivo de generar un lucro indebido para sí mismo y para el presidente de la empresa, Diego Cardona Herreros, con quien mantenía una relación de amistad.
En el texto difundido en sus redes, Urribarri plantea que el fallo forma parte de un accionar “recurrente” de un sector del Poder Judicial, al que acusa de estar “politizado, parcial y guardián de sectores económicos poderosos del país y la provincia”, especialmente en el marco de un “año electoral”. Según sus palabras, se busca “neutralizar” tanto a su figura como al espacio político que representa.
En su descargo, el ex gobernador critica el texto de la imputación ya que los fiscales sostienen que «las supuestas actividades ilícitas comenzaron en 2007, mientras Sergio Urribarri era ministro de Gobierno” (sic)». En ese sentido, recuerda que desde el 14 de septiembre de 2006 había solicitado licencia para dedicarse a su campaña a gobernador, licencia que fue concedida al día siguiente. Luego, el 19 de marzo de 2007 se le aceptó formalmente la renuncia, y el 10 de diciembre de ese mismo año asumió como gobernador. “Desde el 14 de septiembre de 2006 hasta el 10 de diciembre de 2007, no tuve ningún cargo en el Poder Ejecutivo provincial”, asegura. Según su defensa, este dato es clave para excluirlo del tipo penal atribuido, que exige que el autor del hecho sea funcionario público.
En la misma publicación, el exmandatario también cuestiona la validez de la evidencia digital utilizada por la Fiscalía, señalando que «fue obtenida de forma irregular». Denuncia que dicha prueba fue recolectada por personas no matriculadas, sin respetar las normas sobre incumbencias profesionales, violando la ley que regula la actividad de los colegios profesionales y sin la presencia de los abogados defensores, como exige el Código Procesal Penal de la provincia “bajo pena de nulidad”.
Tras ello, afirma que «estos procedimientos judiciales se repiten desde hace casi diez años» y los vincula con operaciones políticas y mediáticas. Además, menciona vínculos entre sectores del Poder Judicial y figuras políticas actuales, como la intendenta de Paraná, Rosario Romero, y advierte sobre presuntas presiones, acomodos de familiares y amigos, nombramientos “entre gallos y medianoche” y la utilización de “carpetas” contra dirigentes justicialistas. También cuestiona el silencio de muchos sectores del PJ frente a lo que describe como una avanzada judicial y mediática.
Finalmente, el exgobernador señala que apelará el fallo, al que califica como “ilegal” y “contrario a las normas jurídicas, constitucionales y convencionales”, y cierra su descargo con una crítica al actual estado del Partido Justicialista provincial, al que acusa de «haberse alejado de la militancia y de ceder ante los intereses del poder económico concentrado, lo que conduce al debilitamiento del peronismo y a la pérdida de representación política»nn—nEste contenido pertenece a Diario Junio.nTítulo: La Justicia rechazó el pedido de sobreseimiento de Urribarri.
