Afirman que es ilegal la intervención de la Sigen y viola la autonomía universitaria. El tema es que los rectores quieren seguir manejando los presupuestos a gusto y placer. Los rectores piden 40 mil millones de pesos para las universidades.
Las universidades públicas rechazan una iniciativa del Gobierno para auditar sus cuentas a través de la Sindicatura General de la Nación (Sigen), con el argumento de que sería una «intervención» que viola la autonomía universitaria.
La intención de la Casa Rosada de avanzar con la designación de auditores de la Sigen para que trabajen dentro de las universidades. En diálogo con LPO, desde distintas casas de estudio informaron que ya tuvieron varias reuniones para resistir esta medida que intenta tomar el Gobierno desde el año pasado, a la que quieren ponerle un freno.
Lo complejo es que tampoco desde el Gobierno hay una posición unificada sobre este tema. Fuentes de Cambiemos reconocieron a LPO que el propio ministro de Educación, Alejandro Finocchiaro, está en contra de la idea, que sabe que lo deja mal parado frente a los docentes universitarios antes del inicio de clases, después de un año muy áspero en las negociaciones paritarias.
La intención que dejaron trascender del Ejecutivo es que la Sigen -el organismo que hace el control interno de la administración pública- designe a pedido de Jefatura de Gabinete a auditores que trabajen dentro de las universidades, entes con autarquía financiera desde la reforma de la Constitución de 1994, que les dio autonomía.
La decisión del Gobierno se apoya en un decreto de la gestión de Mauricio Macri, el 72/2018, que le otorgó poder a la Sigen para designar y remover a los auditores internos de todas las dependencias públicas. Sin embargo, desde el ámbito universitario responden que ese avance sería ilegal y que las universidades no pueden ser alcanzadas por el decreto.
Miguel Mouriño, subsecreatario de Asuntos Jurídicos de la UBA, dijo a LPO que está claro en la Ley de Administración de Administración Financiera la Sigen depende del Ejecutivo y tiene el control interno de sus dependencias, de los organismos descentralizados y también de empresas que dependan del Gobierno, pero no aparecen allí las universidades nacionales.
«Desde la reforma del ’94 que las universidades tienen autonomía. Uno de los propósitos fundamentales de esa reforma fue desvincularlas del control del Ejecutivo. El control externo está a cargo de la Auditoría General de la Nación (AGN), pero nunca puede estarlo de la Sigen que depende del Gobierno», explicó.
Es que, en rigor, lo que explican desde la UBA es que tiene una auditoría propia con tiene responsabilidad legal. Además, diferencian una auditoría que puede hacer la AGN, que depende del poder legislativo, que un control de la Sigen que en este momento responde de modo directo a la gestión de Mauricio Macri.
Desde que se publicó el decreto de Macri, a principios de 2018, el síndico general Alberto Gowland removió a varios auditores en distintas dependencias públicas, pero no pudo avanzar en las universidades, que vienen resistiendo la medida.
En ese sentido, desde la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) también dijeron a este medio que tienen -al igual que la UBA- una auditoría propia con responsabilidad legal. «En todo caso, el procedimiento sería acordar ciertos parámetros o estándares de control se puede hacer, pero siempre desde un control interno, no desde el Gobierno a través de la Sigen», sostienen.
En 2018, ocho universidades entre las que figuró la UBA emitieron resoluciones internas rechazando la designación de auditores nombrados por el Ejecutivo. En tanto, la Universidad de La Rioja hizo una avanzada judicial y presentó un amparo.
Es que, como dieron cuenta desde las universidades nacionales a este medio, no todas las casas de estudio tienen el poder de frenar la medida al igual que las instituciones de mayor peso. La UBA, por ejemplo, el 12 de diciembre sacó un comunicado para rechazar esta intervención, con el argumento de la autonomía universitaria. Sin embargo, no todas las universidades tienen su «espalda» para decir que no, y esperan que las instituciones más chicas deban recurrir a la vía judicial.
