La Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER) expresó su profundo rechazo y repudio ante los descuentos salariales aplicados a docentes que ejercieron su derecho a huelga, calificando la medida como un mecanismo de presión por parte del gobierno provincial.
Estos descuentos, que comenzaron a registrarse en los recibos de haberes, se realizaron a pesar de que actualmente se encuentra vigente un período de conciliación obligatoria dictado por el Juzgado Laboral Nº4, a cargo de la jueza Dra. María Alejandra Abud.
Desde AGMER señalan que la conciliación obligatoria fue solicitada por el Poder Ejecutivo de la provincia, no por el gremio ni sus sindicatos hermanos.
El gobierno recurrió a la Justicia Laboral, según AGMER, como respuesta a los altos niveles de acatamiento a las medidas de fuerza y la masividad de las movilizaciones en todo el territorio entrerriano.
AGMER, respetuoso de la legalidad, acató la medida judicial, aunque no sin expresar su descontento.
La conciliación obligatoria, en su esencia, requiere que ambas partes del conflicto cesen sus acciones de “beligerancia”.
AGMER suspendió los paros previstos, cumpliendo con la normativa que establece un período de conciliación de 20 días hábiles.
