La Escuela Integral N.º 29 Semillas de Esperanza, una institución de gestión privada de Concordia, que atraviesa una profunda crisis financiera y mantiene atrasos en el pago de salarios, quedó en el centro de la polémica tras el despido de una docente que cuestionó el costo de una campera obligatoria del uniforme laboral.
Según relató Alejandra Frank, secretaria general de Sadop Entre Ríos, la trabajadora manifestó su malestar por el precio elevado de la prenda y compartió esa inquietud con sus compañeros. Esa actitud derivó en una decisión drástica del apoderado legal del establecimiento, Félix Ferreira, quien resolvió despedirla.
El caso salió a la luz durante una entrevista en el programa Puro Cuento (Radio Plaza 94.7), donde Frank trazó un panorama crítico sobre la situación de la docencia privada en la provincia. La dirigente señaló que el gremio viene solicitando una audiencia con el presidente del Consejo General de Educación (CGE), Carlos Cuenca, sin obtener respuesta, mientras —según afirmó— los apoderados legales de las escuelas sí han sido recibidos.
“Necesitamos que el presidente del Consejo conozca lo que está pasando. Hay situaciones graves en muchas instituciones privadas y los trabajadores necesitan ser escuchados”, sostuvo Frank.
La dirigente también describió el clima de presión que viven muchos docentes de gestión privada, condicionados por empleadores y familias que rechazan medidas de fuerza por tratarse de escuelas aranceladas. Ese escenario, dijo, genera temor a perder suplencias, no acceder a cargos directivos o incluso ser despedidos, como ocurrió en Concordia.
“A una de las compañeras la echaron porque se negó a comprar una campera muy cara y alentó a otros a no hacerlo. Y ni siquiera le pagaron la indemnización”, remarcó.
Pero la situación en Semillas de Esperanza es aún más compleja. Hace dos años, una psicóloga despedida inició acciones judiciales y, ante la falta de pago de su indemnización, logró el embargo de las cuentas de la institución. Como consecuencia, el colegio hoy no dispone de fondos para abonar los salarios del resto del personal.
El dirigente de Sadop, Leandro Pereyra, confirmó el cuadro:
“Los docentes no han podido cobrar sus sueldos por el embargo. Convocamos al apoderado legal a la Secretaría de Trabajo, pero Ferreira no se presentó a ninguna instancia. La situación no cambia: los trabajadores cobran tarde, o cobran parcialmente”.
