Yo, el periodista gráfico y Televisivo Mario Yrigoy, quiero contarles una historia increíble que parece más sacada de un libro de ciencia ficción que un relato de la vida real. Esta historia es escalofriante porque involucra al poder judicial cordobes que parece que mira para otro lado, o lo que es peor, haberse confabulado para perjudicar a este humilde laburante rural. Su sencillez como persona lo hacen merecedor de todo elogio y consideración como persona de bien a la que le sobran virtudes, pero la justicia le muestra la peor cara, “la cara de la indiferencia y la injusticia”.
UNA DENUNCIA QUE DUERME EN UN CAJÓN
Este medio pudo constatar que el productor rural Luis González, denunció penalmente a tres vocales de la Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Córdoba por el delito de prevaricato. Lamentablemente el productor rural que se dedicó toda una vida al trabajo y al esfuerzo de aportar a este país, todavía sigue esperando justicia, la misma justicia que sorprendentemente se le está negando por un inconcebible capricho de quienes tiene que impartir justamente justicia.
Vale recordar que los denunciados son los miembros de la Sala Civil del TSJ de Córdoba, a quienes el productor rural estafado acusa de intervenir y modificar la jurisprudencia en un expediente comercial/ejecutivo sin que existiera una sentencia definitiva.
Es oportuno citar que el origen del conflicto tiene que ver con una demanda civil y comercial iniciada en 2016, bajo el Expediente N° 6214539, contra la familia Garade Panetta, por la venta de un campo de 6.000 hectáreas en la provincia de Santiago del Estero, en la que el productor rural (Luis Tomás González) reclama una millonaria deuda superior al millón de dólares. La denuncia penal derivó en un pedido de juicio político impulsado en la Legislatura de Córdoba por el partido Encuentro Vecinal (a través del legislador Juan Pablo Agrelo) contra los magistrados involucrados.
No obstante, quiero destacar y resaltar nuevamente que productor santafesino (González) denunció a los vocales Domingo Sesín, María Cáceres de Bollati y Luis Angulo por prevaricato, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público. La historia que involucra a conocidos políticos de Córdoba, fue publicada por medios conocidos medios gráficos de la provincia de Córdoba, con lo cual, la grave denuncia penal contra los tres vocales de la Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) sacudió los cimientos del Poder Judicial cordobés. Pero nada pasó porque, en contra de la propia jurisprudencia del TSJ, los supremos Domingo Sesín, Luis Angulo y María Cáceres de Bollati impidieron -en base a un oscuro formalismo procesal- que un productor agropecuario estafado pudiera llegar al final de su reclamo resarcitorio en tribunales.
Ejercitando un poco la memoria, se puede resaltar que la denuncia fue presentada en la Fiscalía General de la Provincia por los abogados Carlos Trebucq y Esteban Albarenque en representación del productor Luis Tomás González. Con lo cual, acusan a Sesín, Angulo y Cáceres de Bollati de haber incurrido en los delitos de prevaricato, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público por su intervención en el expediente civil que llegó a sus manos luego de sortear las distintas instancias recursivas del fuero civil.
PASARON 15 AÑOS, PERO NADA
La justicia de Córdoba solo muestra su perfil más injusto porque este caso se remonta al año 2011, cuando el propio productor González, le prestó más de dos millones de dólares a la sociedad TVF S.A., integrada por la familia Panetta, que pagó las tres primeras cuotas pactadas, pero dejó impaga la mitad de la deuda y mientras tanto, el productor ya no sabe qué puerta golpear para que le pague lo que le deben. No obstante, sobresale que, en el año 2016, ante la imposibilidad de cobrar su dinero, González inició un reclamo judicial en el Juzgado 16 Civil y Comercial de Córdoba, pero luego de interminables chicanas procesales, fueron poniéndole palos en la rueda al proceso porque los demandados interpusieron un incidente de perención de instancia, que fue rechazado por la jueza Murillo. La decisión fue confirmada en por la Cámara Sexta Civil y Comercial, que además les rechazó a los Panetta un recurso extraordinario ante el TSJ por no ser una resolución equiparable a sentencia firme, sino un incidente.
INSOLITO, CUANDO SE ES JUEZ Y PARTE
El TSJ igual intervino pese a que su propia jurisprudencia lo obligaba a rechazar el planteo, por lo cual, el denunciante apuntó que las resoluciones del propio TSJ ¡más de quince! que sentaron jurisprudencia a favor de la no recurrencia de este tipo de incidentes, como si fuera una burla, fueron firmadas por los propios denunciados: Domingo Sesín (15 fallos), Cáceres de Bollati (9) y Angulo (4). Contrariando esos fallos, los tres hicieron lugar al recurso en queja de la familia Panetta y ordenaron en 2020 a la Cámara Séptima que dictara un nuevo pronunciamiento y, aunque usted no lo crea, hubo 5 (cinco) fallos anteriores que le daban la razón al productor, el TSJ paso por arriba 5 fallos de jueces y cámaras para dar una sentencia que la tenían prohibida y favorecer a la familia Panetta porque son socios o amigos, pero el TSJ de Córdoba, se los pasó por donde usted sabe”, opinaron importantes fuentes sobre esta causa.
CUANDO LA JUSTICIA LE DA LA ESPALDA A LA SOCIEDAD ESTAMOS DESAMPARADOS
Además, agrego que, aparte de todo eso que ya pasó, que es una injusticia, una cosa aberrante, ahora el productor tiene que hacerle frente a las costas de ese juicio, que también es cercano a un millón de dólares, a su vez, los Panetta son totalmente inescrupulosos, son imparables, también le hicieron una denuncia penal al productor porque presentaron un recibo de la primer cuota que es del 2012, ellos le hicieron firmar y se comprobó que es trucho, es un recibo cancelatorio, entonces la pregunta es ¿porque no lo presentaron al principio del juicio?. En el mismo estaba bien detallado que cada vez que ellos pagaban una cuota anual González le devolvía el pagaré, pero esperar todos estos años para hacerle una denuncia penal inventada y sin argumento. No obstante, recuerdo que los tres pagarés que no pagaron los tiene el productor, pero estamos ante jueces que hacen cualquier cosa y le quieren cobrar al productor rural una suma en dólares similar a la deuda que el productor reclama como impaga. Entonces uno se pregunta ¿será que el productor tiene que hacer justicia por mano propia? Seguro que no, pero al parecer la inoperancia judicial en Córdoba abandona a la víctima para que haga lo que tenga que hacer para cobrar su deuda.
Fuentes consultadas opinan tajantemente que “no debe haber en el mundo una organización de estafadores como esta, encima que lo estafaron, lo dejaron en la calle a él con toda su familia y resulta que ahora pretenden cobrarles las costas y honorarios por 750.000 dólares, por lo que, deberían y presos por semejante sinvergüenzada, y como si esto fuera poco, le metieron una denuncia penal al productor.
