En medio de cuestionamientos por irregularidades administrativas, la Municipalidad de Concordia publicó finalmente el contrato con la empresa VITSA Soluciones Ambientales S.A. La oficialización llegó a través del Decreto N° 245/2026, casi un mes después de que la firma comenzara a operar en la ciudad. El convenio se firmó el 19 de marzo, el mismo día en que el Concejo Deliberante aprobó la Emergencia Ambiental que habilitó la contratación directa.
El contrato —de 11 páginas, 19 cláusulas y dos anexos— establece que la empresa estará a cargo de la recolección, traslado y disposición final de residuos, incluyendo tanto residuos embolsados como sueltos en la vía pública y el sistema contenerizado.
El contrato entre el municipio y la empresa cordobesa se rubricó el mismo día que el Concejo Deliberante -con votos del oficialismo y la LLA- aprobó una Emergencia Ambiental sobre tablas
En cuanto al costo, se fija un valor inicial de $250 millones mensuales (IVA incluido), con una cláusula de redeterminación trimestral. El ajuste se calcula en base a una combinación de variables: salarios del convenio de Camioneros, el Índice de Precios Mayoristas y el precio de combustibles premium según la estación de servicio YPF de calle Catamarca.
El acuerdo también define una vigencia inicial de seis meses, prorrogable automáticamente por otro período igual. Es decir, salvo que alguna de las partes lo impida, VITSA podría mantenerse al menos un año prestando el servicio bajo contratación directa.
Entre los puntos más llamativos aparece la cláusula décimo cuarta que introduce un compromiso de confidencialidad que, si bien no es inusual en contratos de servicios, adquiere un matiz particular tratándose de un servicio público. El texto establece que ambas partes deberán resguardar toda información obtenida durante la ejecución del convenio —incluyendo documentación, datos operativos y especialmente información sensible o personal—, con una obligación que se extiende incluso hasta cinco años después de finalizado el contrato. En términos generales, este tipo de cláusulas son habituales para proteger datos sensibles o aspectos técnicos, pero en este caso resulta llamativa la amplitud del alcance y su duración, sobre todo porque involucra a un municipio que debe estar regido por principios de publicidad y transparencia.
22 trabajadores —entre choferes, operarios, mecánicos y supervisores— y un equipamiento que incluye tres camiones recolectores, una unidad de supervisión y otra de mantenimiento, para cubrir ocho zonas de la ciudad.
Pero el punto más crítico sigue siendo que, tal como informó este medio, la empresa opera hace un mes y no estaría formalmente habilitada y por tanto no figura inscripta como contribuyente en la Tasa Comercial municipal.
Es decir que -por lo menos hasta el domingo pasado cuando este medio informó al respecto-, la firma no cumple con requisitos básicos que se le exigen a cualquier contribuyente. En cualquier otro caso, esto derivaría en clausuras o sanciones. Aquí, en cambio, se trata de una empresa contratada por el Estado local, lo que agrava la irregularidad.
