El Ministerio Público Fiscal, a cargo de la Dra. Daniela Montangie y el Dr. José Arias, imputaron al exintendente de Concordia, Enrique Cresto, a los ex presidentes del IAPSER, Juan Domingo Orabona y Tomás Proske, lo mismo que a Aldo Álvarez y a Fernando Barboza, este último actual funcionario del gobierno entrerriano (Director General de Fomento de Empleo del Ministerio de Gobierno y Trabajo), y al agente de seguros Ignacio Caprarulo.
Fiscalía les atribuye, a unos como autores y a otros como partícipes, la presunta comisión del delito de “negociaciones incompatibles y fraude en perjuicio de la administración pública”, en el contexto de la causa que investiga irregularidades que habrían sido cometidas en los trámites de contratación de pólizas de seguro desde la Municipalidad de Concordia.
En febrero del año 2024, luego de que se hiciera público un decreto mediante el cual fuera contratado “ad honorem” Ignacio Caprarulo como asesor de seguros, desde el Ministerio Público Fiscal abrieron una “investigación de oficio”, bajo la sospecha de que pudiera haberse cometido algún ilícito.
La apertura de la investigación se produjo formalmente el 8 de febrero de 2024. Desde entonces, fueron varias las medidas llevadas a cabo, entre ellas la requisa al teléfono de Caprarulo.
En principio, desde Fiscalía procuraron reconstruir los pasos de los trámites administrativos que derivaron en la contratación de Ignacio Caprarulo, tanto durante la gestión de Enrique Tomás Cresto como en el comienzo de la gestión de Francisco Azcué, aunque en este último caso el nombramiento fue revocado un mes después de producido.
Entre las primeras medidas investigativas encaradas por los dos fiscales inicialmente a cargo, José Arias (luego apartado de la causa) y Daniela Montangie, figuran oficios dirigidos a la Municipalidad de Concordia, que apuntaron a conocer en detalle no sólo las sucesivas contrataciones “ad honorem” sino también las consecuencias económicas que habrían ocasionado. Según lo que trascendiera en 2024, Caprarulo “habría estado cobrando cifras millonarias en comisiones desde el 2019 hasta fines del 2023”.
“Ignacio Caprarulo –reconstruyó el diario Junio- comenzó a oficiar de nexo entre el municipio y el IAPSER a finales del 2019, también en calidad de «ad honorem», mediante la resolución Nº11592/19 firmada por el ex intendente Cresto, para que brindara charlas y asesoramiento, y capacitaciones a todas las reparticiones municipales y sus entes descentralizados. Algo de lo que ya se ocupaba, por ejemplo, personal idóneo de la Dirección de Recursos Humanos y el Departamento de Higiene y Seguridad Laboral del municipio, convocando además a distintos profesionales”.
