Una reconocida abogada del foro local se refirió de manera explícita a forma en que debería actuar el Estado ante un funcionario denunciado por violencia de género. La letrada admitió que no conoce la causa sobre el supuesto funcionario denunciado en la administración Azcue. “Se entiende que fue en noviembre del 2023” o sea “antes de asumir la nueva gestión, por lo que se tuvieron que conocer esos antecedentes el 10 de diciembre”, advirtió la abogada.
En diálogo con estas páginas, la Dra. María de los Ángeles Petit aclaró que: “a la causa no la conozco porque es reservada pero es preocupante porque estos temas tienen que ser tratados de una forma seria y con mucho compromiso porque cuando esas denuncias se hacen sobre una persona que tiene un cargo político, o como en este caso, tiene cierto poder de disposición dentro de la administración pública municipal, hay que considerarlo como algo muy importante para determinar cuál es la línea política que marca el intendente dentro de la administración pública”, advirtió la abogada.
«LAS RESTRICCIONES SON IGUALES PARA TODOS»
En esa misma dirección la letrada subrayó que: “las restricciones son iguales para todos, pero en el fuero penal, al tratarse de una denuncia que tiene que ver con un posible delito encuadrado dentro de los delitos sexuales del Código Penal que puede llevar a una pena privativa de la libertad, hay un mayor estudio y mayor investigación de los hechos que el que se puede dar en otros fueros”, explicó y agregó que “en este caso concreto parece que se han dictado las medidas preventivas que son para todos iguales en una primera instancia” y que luego “esas medidas han sido prorrogadas y en este caso al ser prorrogadas existe una petición concreta del fiscal al Juez de Garantías cuando ya hay una investigación en marcha que presume que existe algún delito en el que puede ser encuadrada la conducta del denunciado”, señaló y resaltó que: “ya no es solo una primera denuncia que, en general cuando está en la administración pública, se trata de poner como excusa el lugar que ocupa” por lo que “se entiende que fue en noviembre del 2023” o sea “antes de asumir la nueva gestión, por lo que se tuvieron que conocer esos antecedentes el 10 de diciembre”, advirtió y subrayó que “aquí es importante destacar que las denuncias de esta naturaleza no aparecen en el Registro Nacional de Antecedentes Penales” donde solo “se asientan las sentencias firmes, sino en el REJUCAV que es el registro de denuncias por violencia de género del Superior Tribunal de Justicia”, fundamentó la abogada.
«ES UN TEMA DELICADO»
Finalmente, la letrada admitió: «Yo no conozco las particularidades de la causa, pero es un tema muy delicado, es importante que la Intendencia tome una posición sobre la temática “en este caso y sobre todo “para conocer cuál va a ser su posición en los próximos años y la que marque muy especialmente cuando un funcionario político o alguien que tiene un empleado de planta sea denunciado en violencia de género, en cualquier forma, pero más específicamente en el fuero penal”, argumentó la abogada.
