Victoria Villarruel podrá cerrar el año con uno de los fallos que quería. La Cámara Federal de Comodoro Py ordenó reabrir una causa emblemática contra militantes de los años ‘70: la que se presentó por la bomba colocada en el comedor de la Superintendencia de Seguridad Federal (SSF) en julio de 1976.
Mariano Llorens, Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia consideraron que la bomba en la sede de la calle Moreno es una grave violación a los derechos humanos y, por ende, no está prescripta.
La explosión se produjo el 2 de julio de 1976 en lo que se conocía como Coordinación Federal. Allí la Policía Federal Argentina (PFA) tenía su área de inteligencia y regenteaba un campo de concentración que funcionaba desde antes del golpe de Estado.
La causa se inició en agosto de 2003 como una reacción a la decisión del Congreso de anular las leyes que impedían el juzgamiento de los responsables de los crímenes perpetrados por la última dictadura. En ese momento, la empresa no tuvo éxito: la jueza María Servini dijo que no era un crimen de lesa humanidad y, por ende, había prescripto. En 2012, la Corte Suprema validó lo resuelto por la magistrada.
Justicia y Concordia volvió a la carga en 2021 cuando soplaban nuevos vientos, sobre todo con la llegada de Javier Milei y Victoria Villarruel al Congreso. Justicia y Concordia es la misma asociación que impulsa el hábeas corpus para que los represores vuelvan a sus casas.
