Vale recordar que Daniel Sergio Benítez presentó su dimisión el martes 20 y argumentó motivos personales, familiares y de salud, no obstante vincularon su salida con las dificultades que arrastraba su gestión y recordó la condena judicial por violencia laboral y discriminación contra una empleada municipal pero la sentencia estableció una indemnización que aun no se pagó.
La renuncia de Daniel Sergio Benítez a la Intendencia de Puerto Yeruá abrió interrogantes, aunque en la nota presentada a la viceintendenta Liliana Sgüerzo, Benitez argumentó razones personales, familiares y de salud, desde la Asociación Artiguista local pusieron el foco en los conflictos políticos y judiciales que marcaron su paso por el municipio,
Sin embargo, se cuestionó públicamente esa explicación y relacionó la salida del intendente con las dificultades que, según sostuvo, venía atravesando su administración y recordaron el recorrido político de Benítez y se puso especial énfasis en una causa judicial por violencia laboral y discriminación que terminó con una condena contra el entonces intendente y su secretaria de Gobierno y Hacienda, Silvia Bel.
El caso se tramitó ante el Juzgado Laboral N.º 4 de Concordia, a cargo del juez Roberto Elvio Masarra, a partir de una demanda promovida el 11 de marzo de 2023 por Marcela Daniela Schvin contra la Municipalidad de Puerto Yeruá, representada por Benítez y Bel.
Vale recordar que la trabajadora denunció situaciones de violencia y discriminación en el ámbito laboral, a partir de decisiones que modificaron sus condiciones de trabajo y afectaron sus ingresos.
Según los antecedentes de la causa, Schvin había sido elegida concejal en 2007, en simultáneo con Benítez. Durante esa etapa se separó del bloque de concejales de la Lista 100, circunstancia que, de acuerdo con su presentación judicial, dio origen a los primeros conflictos con el dirigente.
En 2011 fue reelecta como concejal por una lista opositora y, en 2012, renunció a su banca para comenzar a trabajar como cajera en la Mesa de Entradas del municipio.
El 2 de marzo de 2020, mediante un decreto firmado por Benítez, fue desafectada de esa función y trasladada al área de Obras Sanitarias. Posteriormente, en 2022, otra disposición municipal modificó sus haberes mediante la quita de los códigos salariales 208, 222 y 244, según consta en los antecedentes del expediente.
La denunciante sostuvo que esas decisiones constituyeron una persecución vinculada con su posición política y que fue trasladada a otro edificio que no reunía condiciones adecuadas de higiene laboral, además de sufrir una reducción de ingresos que afectaba la economía de su grupo familiar.
La Justicia hizo lugar al reclamo y condenó a Benítez y a Silvia Bel a abonar a Schvin una suma equivalente a 13 salarios, calculados según la escala vigente para la categoría de atención de caja del área de Rentas municipal, más los intereses correspondientes desde la notificación de la demanda hasta el efectivo pago.
La sentencia también dispuso que ambos funcionarios acreditaran, dentro de los 60 días de notificado el pronunciamiento, la aprobación de un curso de capacitación en perspectiva de género dictado por la Oficina de la Mujer del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos.
