La respuesta fue sobre el caso de un ex trabajador municipal, con amplia repercusión en medios naciones, sindicado de haber faltado en varias ocasiones para atender su peluquera.
La abogada María de los Ángeles Petit, representante legal de un agente municipal de Concordia cesanteado por decreto, difundió un extenso descargo en el que cuestionó el procedimiento administrativo que derivó en la desvinculación del trabajador y acusó a la gestión del intendente Francisco Azcué de ejercer un “abuso de poder” y una “manipulación informativa” sobre el caso.
Según sostuvo la letrada, el empleado tiene 28 años de antigüedad en la administración municipal y su cesantía, dispuesta mediante el Decreto Nº 594/2026, forma parte de una serie de desplazamientos que, a su entender, respondieron a criterios de ideología política.
Petit afirmó que el trabajador se desempeñaba en el ámbito del Concejo Deliberante y rechazó que se lo considere un asesor político temporario. En ese sentido, indicó que se trata de un empleado municipal de carrera que fue asignado formalmente a un bloque legislativo, una modalidad que —según explicó— se utiliza de manera periódica con distintos concejales.
La secuencia del sumario
De acuerdo con el descargo, las actuaciones se originaron entre abril y junio de 2025, cuando el área de Control Horario observó presuntas irregularidades vinculadas a las asistencias del agente.
La defensa aseguró que tanto el trabajador como sus superiores presentaron oportunamente notas explicativas ante Recursos Humanos para justificar su situación laboral. Sin embargo, señaló que casi un año después, en marzo de 2026, la Municipalidad inició el sumario administrativo que concluyó con la cesantía.
La abogada informó que el caso ya fue judicializado y actualmente se tramita ante la Cámara Contencioso Administrativa, donde existen un juicio ordinario y dos medidas cautelares vinculadas al expediente.
Las irregularidades denunciadas
Petit sostuvo que durante el proceso se produjeron graves violaciones al derecho de defensa y describió como uno de los hechos más relevantes lo ocurrido el 1º de julio de 2026.
Según afirmó, ese día a las 10:20 fue notificado el rechazo a una suspensión de plazos, mientras que a las 19:00 se notificó la cesantía, aunque el decreto ya había sido firmado el 30 de junio.
Para la defensa, esa secuencia impidió que el trabajador pudiera formular alegatos sobre la prueba producida y ejercer plenamente su defensa antes de que la administración resolviera la sanción.
Sin garantías para defensa
Además, cuestionó que el decreto haya valorado como elemento relevante una declaración testimonial de la viceintendenta Magdalena Reta de Urquiza, cuya realización —según afirmó— no fue comunicada a la defensa.
La letrada sostuvo que esa situación impidió controlar la prueba y formular repreguntas, lo que, a su criterio, vulneró garantías básicas del procedimiento administrativo.
Cuestionamientos a la difusión oficial
En otro tramo del documento, Petit criticó que la Dirección de Prensa de la Municipalidad difundiera públicamente la cesantía y presentara el caso como una muestra de firmeza en la gestión.
“La urgencia por exhibir este tipo de medidas como una demostración de superioridad o rigor moral no es más que propaganda”, expresó. También advirtió que la cesantía “no se encuentra firme” y que las supuestas irregularidades deberán ser evaluadas por la Justicia.
Finalmente, la abogada sostuvo que este tipo de actuaciones podrían derivar en juicios por daños y perjuicios, cuyas eventuales indemnizaciones y costas serían afrontadas por el Estado municipal y, en consecuencia, por los contribuyentes de Concordia.
