La ampliación del sistema de agua potable fue adjudicada a José Cartellone Construcciones Civiles S.A. por $721,5 millones y luego actualizada oficialmente a $1.268,4 millones. Sin embargo, una respuesta del Ministerio de Economía de la Nación registra pagos acumulados por $6.650 millones y un avance financiero del 524,25%, frente a un avance físico del 93,62%. Entre el costo aprobado y lo pagado hay $5.381 millones que el registro no explica. No deben confundirse con los $3.287 millones pendientes de rendición correspondientes a 91 obras de toda Entre Ríos. En Diamante el interrogante es otro: ¿qué conceptos integran los pagos que exceden el monto aprobado?
La obra pública entrerriana acaba de entregar un número que no puede pasar como una fila más dentro de una planilla.
La ampliación del sistema de agua potable de Diamante fue contratada por el desaparecido ENOHSA con José Cartellone Construcciones Civiles S.A. por $721.518.849,41. El último monto actualizado y aprobado informado por el Estado nacional asciende a $1.268.490.256,72. Pero en la columna “total pagado por ENOHSA” aparecen $6.650.035.041,04.
No es una diferencia menor ni una redeterminación ordinaria. Son $5.381.544.784,32 por encima del último monto que la propia Administración identifica como actualizado y aprobado. El pago registrado equivale al 524,25% del costo reconocido y supera nueve veces el contrato original.
La obra, mientras tanto, figura con un avance físico del 93,62%.
La Caldera no puede afirmar, con la documentación disponible, que esos $5.381 millones constituyan un sobreprecio o un pago indebido. La cifra proviene de un registro administrativo cuya composición todavía no fue exhibida certificado por certificado. Puede existir un error de carga; puede haberse incorporado dinero correspondiente a otra etapa, componente o ejercicio; o puede tratarse de pagos que excedieron efectivamente el monto aprobado. Pero precisamente por eso el silencio no es una respuesta aceptable.
Cuando un sistema oficial informa que se pagó más de cinco veces el valor actualizado de una obra, el deber del Estado no es esperar a que alguien adivine qué ocurrió. Debe abrir los certificados, las redeterminaciones, las órdenes de pago y la trazabilidad bancaria.
Del presupuesto oficial al contrato
El llamado a la Licitación Pública Nacional 02/2021 BID–PROAS II fue publicado en febrero de 2021. El presupuesto oficial era de $855.044.197,40, el plazo de ejecución era de 24 meses y el financiamiento provenía del Banco Interamericano de Desarrollo.
El contrato terminó adjudicado por $721.518.849,41 a José Cartellone Construcciones Civiles S.A., es decir, por debajo del presupuesto oficial. En diciembre de 2021, Juan Manzur, Gustavo Bordet y el entonces titular del ENOHSA, Enrique Cresto, presentaron la firma como una pieza del nuevo despliegue federal del organismo.
La obra tenía por objeto optimizar la captación, impulsión y almacenamiento de agua de la ciudad. Incluía el reemplazo de bombas, una nueva cañería de impulsión de 790 metros y la ampliación del abastecimiento hacia sectores que no contaban con servicio suficiente.
En octubre de 2023, el Instituto Nacional del Agua informó que Cartellone había contratado la verificación técnica de dos bombas fabricadas por Sywan S.A. El INA certificó su funcionamiento y señaló que quedaban a la espera de ser retiradas para su instalación en Diamante.
Hasta ahí, la secuencia administrativa parecía reconocible: licitación, adjudicación, ejecución y certificación de equipamiento. El problema aparece cuando se cruzan los distintos registros oficiales.
Un Estado con varios porcentajes para la misma obra
La Cuenta de Inversión nacional correspondiente a 2023 informó que la ampliación del sistema de agua potable de Diamante tenía un avance físico acumulado del 62,44% al 31 de diciembre de ese año. También señaló que absorbió el 58,2% del gasto de su subprograma, financiado casi totalmente con crédito externo.
El portal MapaInversiones todavía exhibe un costo de $721.518.849 y un avance del 49,11%. La respuesta más reciente del Ministerio de Economía, en cambio, eleva el avance físico al 93,62%, actualiza el costo aprobado a $1.268 millones y registra pagos por $6.650 millones.
No es razonable que una obra financiada con crédito internacional tenga, según la ventanilla oficial consultada, porcentajes, costos y estados que no dialogan entre sí. La transparencia no consiste en publicar muchas planillas. Consiste en que esas planillas permitan reconstruir qué se contrató, cuánto se hizo y cuánto se pagó.
Cartellone, ENOHSA y el control que no aparece
La contratista es José Cartellone Construcciones Civiles S.A., identificada con CUIT 30-50157947-1. La ejecución fue centralizada por el ENOHSA dentro del programa PROAS II y financiada por el BID. Por lo tanto, las explicaciones no corresponden solamente al Municipio de Diamante.
La Subsecretaría de Recursos Hídricos, que heredó las competencias del ENOHSA, debe informar:
- La totalidad de los certificados de obra y sus fechas.
- Las redeterminaciones y ampliaciones aprobadas.
- Los anticipos financieros y su amortización.
- Cada orden de pago incluida en los $6.650.035.041,04.
- Si la cifra contiene pagos de otra etapa, contrato o localidad.
- El saldo contractual real y el estado de recepción de la obra.
- Las auditorías efectuadas por la unidad ejecutora, el BID, la SIGEN y la auditoría interna del organismo.
Cartellone debe poder explicar qué facturó y qué cobró. El Municipio de Diamante debe informar qué recibió, qué se encuentra operativo y qué trabajos faltan. El Gobierno provincial debe decir si inspeccionó, recibió o intervino en algún tramo del proyecto. Y la Nación debe aclarar si el 524,25% es un error de su propia base o la expresión contable de pagos reales.
La diferencia no puede quedar enterrada en un Excel
El problema institucional no se agota en Diamante. La respuesta nacional sobre las obras del ex ENOHSA en Entre Ríos reconoce que no fueron encontrados informes específicos de auditoría interna ni antecedentes de SIGEN para el universo solicitado. También admite que, desde la disolución del ente, no se licitó una sola obra nueva de agua y saneamiento en la provincia.
Es decir: el organismo fue cerrado, sus registros fueron trasladados y, cuando aparece una obra con un avance financiero del 524%, no hay a la vista una auditoría pública que permita explicar inmediatamente la diferencia.
La obra puede estar casi terminada. Las bombas pueden funcionar. Los vecinos pueden necesitarla. Nada de eso convierte en normal que una contratación actualizada a $1.268 millones registre pagos por $6.650 millones.
La pregunta no es retórica: ¿qué se pagó en Diamante y con qué respaldo documental?
Hasta que el Estado publique los certificados y la trazabilidad completa, hay $5.381 millones que permanecen sin explicación pública suficiente. Eso no equivale, por ahora, a afirmar que estén “sin rendir”: la categoría pendiente de rendición pertenece a otro anexo y alcanza $3.287 millones distribuidos entre 91 obras provinciales. Si la diferencia de Diamante es un error, debe corregirse y determinarse cómo llegó a una respuesta oficial. Si son pagos acumulados legítimos, deben individualizarse. Y si la cifra revela una irregularidad, debe intervenir el control administrativo, financiero y penal correspondiente.
El agua potable es un derecho. No una zona liberada para planillas incomprensibles.
Fuentes y referencias
- Respuesta oficial reconstruida por Análisis, 28 de agosto de 2026.
- Licitación Pública Nacional 02/2021 BID–PROAS II, Boletín Oficial de la República Argentina.
- Firma del contrato de la obra de Diamante, Presidencia de la Nación, 9 de diciembre de 2021.
- Certificación de las bombas hidráulicas, Instituto Nacional del Agua, 17 de octubre de 2023.
- Ficha de la obra, MapaInversiones.
- Cuenta de Inversión 2023, Jurisdicción 64, Ministerio de Obras Públicas.
