Policías de Entre Ríos marchan y dejan expuesta la distancia entre el discurso oficial y la realidad de la fuerza
La convocatoria a una manifestación por parte de efectivos de la Policía de Entre Ríos el próximo 14 de marzo no es un hecho menor ni una simple expresión simbólica. Es, en esencia, la evidencia de una fractura entre la narrativa política de la seguridad y la experiencia cotidiana de quienes sostienen el servicio en la calle. Bajo la consigna “En memoria de los que ya no están y por condiciones dignas de trabajo”, el reclamo busca visibilizar lo que muchos dentro de la fuerza consideran una situación ignorada o minimizada por la conducción provincial.
Los organizadores dejaron en claro que la protesta será pacífica, fuera del horario de servicio y sin abandono de funciones y con eso , LAMENTABLEMENTE PERDIERON DESDE ESTE MOMENTO y hay que decirlo , los gobiernos no entienden hasta que algo los perjudica …….como #StaFe por ejemplo …..Las manifestacions pacificas y agradables al gobierno no sirven….y eso es lo que buscan , que una institucion reclame todo lo que quiera sin joder ni abandonar puestos …es como le dicen al docente «RECLAMEN DESDE LAS AULAS» …..
Esa aclaración, lejos de ser anecdótica, revela el nivel de presión disciplinaria bajo el que se mueve el personal policial cuando intenta reclamar derechos básicos. La necesidad de justificar que no se pondrá en riesgo la seguridad pública es, en sí misma, un síntoma de la rigidez institucional y del temor a sanciones.
La reacción política frente al malestar
El gobierno provincial, encabezado por Rogelio Frigerio, ha construido un discurso centrado en la modernización de la fuerza, destacando inversiones millonarias en patrulleros, chalecos antibalas y equipamiento. Pero la política de seguridad no puede medirse únicamente en cifras de compras o actos de entrega de vehículos. La manifestación policial expone el límite de esa lógica: invertir en fierros mientras se descuida el factor humano no resuelve el conflicto de fondo.
El ministro de Seguridad, Néstor Roncaglia, sostuvo públicamente que no existe un malestar generalizado en la fuerza y defendió el nivel salarial del personal. Sin embargo, el solo hecho de que agentes y familiares decidan movilizarse contradice esa lectura. Minimizar el reclamo o reducirlo a una percepción aislada es una postura política que elude enfrentar el problema. Cuando la conducción insiste en negar tensiones visibles, la distancia entre gestión y realidad se vuelve evidente.
A esto se suma la contradicción generada por el financiamiento mediante crédito para la compra de patrulleros, en contraste con discursos que descartaban el endeudamiento para gastos de este tipo. Esa inconsistencia erosiona la credibilidad del relato oficial y alimenta la percepción de que la prioridad está en la puesta en escena antes que en la planificación integral.
Conducción policial bajo la lupa
La figura del jefe de Policía, Claudio González, tampoco queda al margen del cuestionamiento. La conducción institucional tiene la responsabilidad de canalizar demandas internas antes de que estallen públicamente. Cuando los reclamos llegan a la calle, el mensaje que se transmite es que los mecanismos internos fallaron o resultaron insuficientes.
En estructuras jerárquicas como la policial, donde la verticalidad es regla, la falta de contención y representación efectiva termina amplificando el malestar. La movilización no sólo interpela al poder político, sino también a la conducción operativa que debería mediar entre la tropa y el gobierno.
La responsabilidad política final
La gestión de Rogelio Frigerio queda inevitablemente en el centro del análisis. Exaltar a la policía en el discurso mientras emergen protestas por condiciones laborales coloca al gobierno ante una contradicción difícil de disimular.
La seguridad pública no se fortalece únicamente con anuncios ni con actos institucionales; requiere coherencia entre lo que se declara y lo que se percibe en la base operativa.
El conflicto policial que asoma en Entre Ríos, sumado a antecedentes recientes en provincias vecinas, demuestra que el malestar en las fuerzas no es un fenómeno aislado ni anecdótico. Ignorarlo, relativizarlo o responder únicamente con estadísticas de inversión puede ser políticamente cómodo en el corto plazo, pero no resuelve la raíz del problema.
Una señal que no debería ignorarse
La manifestación anunciada no es todavía una crisis abierta, pero sí una advertencia. Es el reflejo de una tensión acumulada que obliga a la dirigencia política a abandonar la autocomplacencia y enfrentar la discusión de fondo.
Si la conducción provincial decide leer este episodio como un hecho menor, corre el riesgo de repetir errores ya vistos en otras jurisdicciones, donde la desconexión entre gobierno y fuerza derivó en conflictos mayores. La seguridad pública no puede sostenerse sobre relatos optimistas mientras quienes la ejecutan sienten que sus condiciones quedan relegadas.
El 14 de marzo no será sólo una marcha: será un termómetro político sobre la capacidad —o incapacidad— de la conducción provincial para escuchar, reconocer y actuar antes de que la tensión escale.
