La causa judicial por la venta irregular de la sede de la Sociedad Mutual de Músicos de Concordia avanza hacia un juicio abreviado y la posible devolución del inmueble ubicado en calle Sarmiento 563. Sin embargo, la situación de Carlos Alcides “Corcho” González, tesorero de la institución, y el futuro del patrimonio de la mutual continúan en el centro de la discusión.
El Fiscal José Arias, encargado de la investigación, imputó en la causa al presidente de la mutual, Mariano Guerrero; a la secretaria, Delia Catalina Martínez; al tesorero, Carlos González; y al empresario titular de la empresa Infinet SAS, emprsa que adquirió el inmueble a finales de 2023. Según fuentes judiciales, Guerrero y Martínez habrían aceptado firmar un juicio abreviado y reconocer su culpabilidad a cambio de una condena de 3 años de prisión en suspenso, lo que evitaría el cumplimiento efectivo de la pena. La homologación de este acuerdo está aún pendiente.
En el caso de Carlos González, tesorero de la entidad, se torna cada vez más comprometida. González es responsabilizado por la “desaparición” de más de 25 mil dólares y enfrenta una posible elevación a juicio si no acuerda un juicio abreviado.
La venta bajo sospecha: irregularidades y maniobras
La investigación reveló múltiples irregularidades en la venta del inmueble. Documentos judiciales indican que, en 2009, la propiedad fue tasada en 250 mil dólares, pero 14 años después fue vendida por apenas 15 millones de pesos, equivalentes a unos 20 mil dólares al momento de la transacción. Además, la decisión de vender la sede fue tomada en una asamblea plagada de anomalías.
Según testimonios obtenidos por la fiscalía, al menos siete socios negaron haber participado de dicha reunión, pese a que sus nombres figuran en el acta. Incluso aparece el nombre de Silvio Diez, un joven asesinado en enero de 2022, meses antes de la votación. Estas inconsistencias refuerzan las sospechas de que la documentación fue manipulada para simular consenso.
La fiscalía también detectó graves irregularidades en los libros de actas de la mutual, con hojas arrancadas, pegadas y correcciones que dificultan su autenticidad. Esta situación, sumada a las denuncias de exclusión de socios y la reducción deliberada del padrón desde 2003, configura un cuadro de administración fraudulenta que habría permitido concretar la venta a un “precio vil”.
