Los concejales de Juntos por Entre Ríos, Felipe Sastre y Silvina Ovelar, presentaron este lunes un Proyecto de Ordenanza cuyo objetivo es establecer controles de consumo de drogas ilegales en el ámbito de la administración pública de la Municipalidad de Concordia, «sin aviso, aleatorios y confidenciales». Los test, detalló Sastre, «incluirán al Intendente, Viceintendente, Concejales, Secretarios, Directores, titulares de los organismos descentralizados y cargos de similar jerarquía». Y fundamentó: «A lo largo de este año nos han llegado diferentes denuncias de personal que va a trabajar en muy malas condiciones y manipula máquinas o herramientas peligrosas. Por ello, queremos dar un paso más para evitar este tipo de situaciones y consideramos fundamental dar el ejemplo, incluyendo en la ordenanza a todos los funcionarios».
Según el proyecto de ordenanza, los controles estarán a cargo de la Secretaría de Salud. Serán «sin previo aviso, de manera aleatoria y bajo estricta confidencialidad y el resultado será informado a la persona y a su superior jerárquico de forma privada y segura». En tanto, la norma incluye al personal administratorio en general y tiene alcance a quienes ocupen cargos relevantes en el Departamento Ejecutivo, Concejo Deliberante y organismos descentralizados, pudiéndose incluir otras áreas o sectores que se consideren necesarios, de acuerdo a las responsabilidades que estén bajo su órbita. «O sea, no es una medida excluyente para el personal municipal, sino también para los funcionarios», insistió Sastre.
En caso de detectarse test positivos se aplicarán diferentes medidas. Por ejemplo, en el ámbito del Departamento Ejecutivo y los organismos descentralizados, el Presidente Municipal determinará si corresponde una suspensión temporal o separación del cargo del funcionario según la gravedad del caso, mientras que en el ámbito del Concejo Deliberante, serán de aplicación las normas disciplinarias previstas para dicho organismo. «En todos los trámites se garantizará los procedimientos constitucionales y administrativos cumpliendo con el debido proceso y la defensa en juicio», sostiene el proyecto.
Entre los fundamentos de la ordenanza, se indica que: «Para proteger la integridad de la función pública es crucial implementar controles rigurosos, como narcotests aleatorios, que permitan identificar de forma temprana a funcionarios en riesgo de caer bajo la influencia de sustancias ilícitas. Lejos de representar una invasión a la privacidad, estas medidas son preventivas y necesarias para preservar la transparencia y la ética en la gestión pública. Cualquier vínculo con el consumo de drogas compromete gravemente la confianza de la sociedad en sus representantes y debilita la legitimidad del Gobierno».
