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1 agosto 2026, 9:50 pm
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LA JUSTICIA ACORRALA A UN EX INTENDENTE DE CONCORDIA

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La etiqueta “ad honorem” fue el disfraz perfecto. La Municipalidad de Concordia designaba un productor sin pagarle honorarios. El IAPSER le giraba las comisiones. El intermediario sobraba pero el dinero no, con lo cual, ese es el corazón de la causa Seguros que tiene imputado a Enrique Cresto por negociaciones incompatibles con la función pública y fraude contra la administración. El exintendente intentó cerrar el expediente. El juez Mauricio Guerrero rechazó la nulidad y el sobreseimiento. Cresto sigue adentro.

Cresto y una runfla de funcionarios bajo la lupa de la justicia

La acusación alcanza a Cresto, al exsecretario de Gobierno Aldo Álvarez, a Fernando Barboza, a los expresidentes del IAPSER Juan Domingo Orabona y Tomás Proske, a Caprarulo y a otros involucrados.

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A Cresto lo ubicaron como partícipe necesario. La Fiscalía sostiene que su intervención permitió insertar a los productores privados en una relación directa entre el municipio y la aseguradora del Estado.

La defensa consiguió apartar al fiscal José Arias en 2024 y vendió aquella decisión como una derrota del expediente. La causa siguió con Daniela Montangie y Tomás Tscherning. En diciembre de 2025 llegaron las imputaciones formales.

Apartar a un fiscal no borró las resoluciones. Tampoco borró las comisiones.

El juez rechazó la salida de Cresto

La defensa pidió la nulidad de la imputación y el sobreseimiento. Dijo que el municipio no había pagado, que las comisiones pertenecían al sistema asegurador y que las decisiones administrativas eran legales.

El 19 de junio de 2026, el juez Mauricio Guerrero rechazó los dos planteos. Consideró que la acusación describe los hechos, las fechas, las conductas y la calificación legal con precisión suficiente para continuar investigando.

Cresto no fue sobreseído. Sigue imputado.

La causa deberá determinar por qué un municipio obligado a contratar con la aseguradora estatal necesitaba productores elegidos desde el poder político y qué recibió el Estado a cambio de casi 30 millones de pesos en comisiones conocidas hasta ahora.

“Ad honorem” era la palabra para la resolución. Millonarias eran las comisiones.

Un productor que trabajaba gratis pero cobraba millones

A fines de 2019, la gestión de Cresto firmó la Resolución 11.592/19 y designó a Ignacio Caprarulo como productor de seguros del municipio. El texto hablaba de asesoramiento, capacitaciones y una colaboración “ad honorem”. La parte importante estaba en el efecto real del nombramiento: Caprarulo quedaba colocado como intermediario de las pólizas municipales.

La Municipalidad no le pagaba salario. El sistema asegurador sí le pagaba comisiones.

Según los datos incorporados a la investigación y atribuidos al propio IAPSER, Caprarulo cobró alrededor de 20,7 millones de pesos durante 2023, además de un remanente en enero de 2024. El trabajo gratis terminó siendo un negocio millonario financiado desde la aseguradora provincial.

En octubre de 2023, cuando el mandato de Cresto llegaba a su final, Caprarulo fue reemplazado por CETW Brokers S.A. La nueva intermediaria habría cobrado cerca de 8,9 millones de pesos entre noviembre de 2023 y enero de 2024 solamente por las pólizas de riesgos del trabajo. Cambiaron el nombre del productor. La caja siguió funcionando.

Además, un intermediario que el Estado no necesitaba

La Municipalidad contrataba sus seguros con el IAPSER. No estaba recorriendo el mercado ni comparando compañías. La aseguradora estatal ya venía determinada. El productor privado no conseguía una cobertura diferente ni abría una competencia que beneficiara al municipio.

Por eso la Fiscalía puso la pregunta en el centro del expediente: ¿qué servicio justificaba entregar millones en comisiones a un intermediario colocado por decisión política?

También quedaron bajo sospecha el trámite administrativo, la falta de controles y dictámenes que demostraran la conveniencia para el Estado y la manera en que las designaciones fueron publicadas. El circuito tenía funcionarios que nombraban, autoridades del IAPSER que reconocían al productor y una comisión que salía del negocio asegurador.

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